EL gobierno de facto revirtió su postura anoche y decidió aceptar la llegada de una misión de la OEA, que no tiene fecha, con la condición de que el secretario general, José Miguel Insulza, cumpla papel de observador. Las autoridades golpistas habían anunciado que no aceptaba la misión ante la participación de Insulza, a quien acusa de falta de imparcialidad. Pero más tarde anunció en comunicado que “se han conciliado las diferencias surgidas en cuanto a la composición de la misión (…) en la cual el secretario general participará a título de observador”. El texto añade “la visita ha sido pospuesta para una fecha que será determinada en los próximos 2 días”. En principio se esperaba que la misión llegara a Tegucigalpa mañana. La OEA anunció el viernes la conformación de la misión, que estaría integrada por cancilleres de Argentina, México, Canadá, Costa Rica, R. Dominicana y Jamaica para tratar de buscar salida al conflicto de Honduras en el marco del Acuerdo de San José del presidente Arias. La cancillería hondureña de facto se quejó de la “falta de objetividad, imparcialidad y profesionalismo (de Insulza) en ejercicio de sus funciones, lo que ha redundado en perjuicios serios para la ‘democracia’ de Honduras” Recordó que luego de su primera visita, Insulza presentó un informe a la Asamblea General de la OEA que sirvió para la exclusión de Honduras del sistema interamericano, el cual “se vio descalificado por la propuesta del mediador Oscar Arias
Las democracias electorales en proceso de consolidación también precisan atender otros desafíos tales como: la estatalidad – entendida como la presencia y la eficiencia del poder político democrático en todo el territorio del Estado –, la definitiva erradicación de enclaves autoritarios y de tradicionales vicios de gobierno (corrupción, clientelismo, etc.), monitorear y denunciar nuevas formas de autoritarismos, y favorecer la expansión de los derechos y deberes de la moderna concepción de ciudadanía – reconociendo y atendiendo las demandas específicas emergentes (cuestiones de género, medio ambiente, desarrollo local, etc.).
El debate contemporáneo sobre democracia y sobre consolidación democrática es ampliamente conocido. Para los fines del presente artículo vale reconocer, junto con la tradición aristotélica y con el PNUD (2004a), que la democracia no es ni puede ser únicamente considerada como una serie de procesos electorales periódicos, competitivos, libres, y fundamentados en el voto universal y en el pluralismo político-partidario. Esto es, la democracia no puede ser reducida a una poliarquía – o democracia electoral. Para existir y consolidarse, la democracia precisa observar las características propias de las poliarquías. Igualmente, conviene reconocer que el propio hecho de tener una poliarquía o democracia electoral es un avance altamente significativo cuando comparado a los regímenes autoritarios preexistentes en América Latina y otros continentes.
Entretanto, aquí se acepta y se parte de la antiquísima tradición aristotélica de democracia entendida como el gobierno de todos y en beneficio de los pobres. O como lo ha colocado recientemente el PNUD (2004a), una democracia de ciudadanía. Perfeccionar las democracias electorales existentes y, simultáneamente, avanzar hacia democracias de ciudadanía es, quizás, el mayor desafío político de los pueblos latinoamericanos en los primeros años del siglo XXI.
No hace falta recordar que la noción de democracia de ciudadanía procura armonizar sus dimensiones política, civil y social. Tampoco es necesario mencionar que, en última instancia, la democracia de ciudadanía pretende contribuir de forma decisiva en el proceso de emancipación del ser humano por medio de la valorización de la libertad, la justicia social y el progreso socioeconómico – motivos por los cuales la consolidación democrática es tanto, al mismo tiempo, una conquista histórica y de interés prioritario de los sectores trabajadores y subordinados de la sociedad. Si es pertinente, entretanto, recordar el carácter profético y profundamente liberador implícito, inherente y siempre subyacente a las luchas democráticas en el mundo actual. Consecuentemente, desde Aristóteles hasta el consagrado informe del PNUD, se entiende que la democracia es más que el conjunto de reglas para elegir, para ser electo y para gobernar. La democracia es también un modo de vida. Es una forma de organizar la relación entre el Estado y la Sociedad garantizando la constante expansión de la ciudadanía integral. Esto último incluye lo concerniente a la promoción del desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la explotación.
El gobierno de Zelaya: de una democracia electoral estabilizada a una democracia de ciudadanía en Honduras.
Hasta poco antes del golpe de Estado el país centroamericano parecía ser una democracia electoral estabilizada. Independientemente del desfecho final de la crisis actualmente vigente en el país, no parece incorrecto comentar que los avances político-electorales logrados en Honduras desde el retorno al orden constitucional (en 1982) habían sido claramente significativos, elocuentes y hasta sorprendentes llevando en consideración la experiencia latinoamericana reciente. No parecía exagerado o inapropiado afirmar que dicho país estaba en el bloque de vanguardia en lo concerniente al desarrollo de la ciudadanía política y la consolidación democrática en el continente. Los datos presentados por el PNUD, bien como otras investigaciones y fuentes, atestiguan y confirman tales ponderaciones.
Naturalmente existen muchísimas tareas pendientes para lograr la construcción de una democracia de ciudadanía en el país. Honduras demuestra importantes avances en materia de ciudadanía política y de ciudadanía civil, pero graves e inaceptables rezagos en términos de ciudadanía social. En consecuencia, parece evidente que la democracia electoral vigente en Honduras no se transformará en democracia de ciudadanía hasta que los desafíos de pobreza, desigualdad, exclusión y explotación sean sensiblemente reducidos o definitivamente superados – lo que en la práctica, como se sabe, es algo extremadamente difícil de lograr.
Aunque puedan existir controversias, y reconociendo que el gobierno de Zelaya cometió muchos errores desde que asumió el poder en enero de 2006, parece evidente que él ha sido uno de los pocos mandatarios que realmente asumió la difícil tarea de mejorar las condiciones sociales de los más necesitados, y simultáneamente dinamizar la economía y la consolidación democrática del país. Algunas iniciativas – como elevar el salario mínimo, luchar contra la corrupción en las aduanas, reformar el sistema tributario nacional y adoptar una política externa independiente – fueron consideradas demasiado radicales por una pequeña élite acomodada y bastante reaccionaria. Conviene agregar que los representantes de esta clase dominante se sintieron desplazados del Ejecutivo, pero continuaron dominando de forma directa a los poderes legislativo – el propio Micheletti era presidente del Congreso Nacional –, judiciario y a los militares, bien como a la mayoría de los medios de comunicación y al sistema financiero.
CONSIDERACIONES FINALES SOBRE DICHA DE UN GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS
El golpe de Estado en Honduras no se consolidó gracias a la firme oposición y resistencia de un considerable sector de la sociedad hondureña y por el unánime rechazo de la comunidad internacional. La tentativa de imponer por la fuerza de las armas al señor Roberto Micheletti en la Presidencia de la República ha sido considerado como una burda e insustentable usurpación. Los argumentos para intentar justificar lo injustificable carecen de credibilidad – se llegó a afirmar que el presidente Zelaya había firmado su renuncia al cargo o que ya no era presidente cuando fue secuestrado y expulsado del país. La dominación política de los golpistas pasa necesariamente por la represión, el bloqueo mediático y el oportunismo partidista.
Para sorpresa de muchos – especialmente de los usurpadores y sus acólitos – la resistencia popular es alta, creciente y coherente. El golpe palaciego no ha prosperado en función del rechazo de las clases subalternas de la sociedad, particularmente de buena parte de los sindicalistas, campesinos, docente, pobladores, indígenas, afro descendientes, intelectuales y una parte significativa de la clase media. Las protestas en Tegucigalpa y en todo el resto del país se tornaron masivas. La represión no ha amilanado el espíritu combativo de la gente. Se trata del evidente rechazo de un segmento no despreciable de la sociedad civil contra un régimen fundamentalmente espurio.
RESUMEN SOBRE LA DECRAMOCIA DE ( HECTOR CANALES)
